Actualidad Central: Ley reservada del cobre, ¿La trinchera de la corrupción?

Del panel también participaron Jaime Pilowsky, diputado y presidente de la Comisión Investigadora de la Ley Reservada del Cobre y Marcos Robledo, Subsecretario de Defensa, quienes junto al conductor del programa, el periodista Pablo Millas conversaron sobre los alcances y puntos de inflexión de los casos de corrupción que se han conocido al interior de estas instituciones.

Como punto de partida, el diputado Pilowsky señaló que el contenido de la Ley Reservada del Cobre debe pasar de ser secreto a público. Asimismo, declaró que debe ser derogada para que pueda generarse un nuevo sistema de controles, que incluyan autorizaciones de parte del Congreso Nacional y que permita la planificación a largo plazo.

Por su parte, el subsecretario Robledo, manifestó que siempre en casos en los que se han cometido delitos como el conocido con el nombre de MilicoGate, uno se sorprende, en particular porque “los funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar inmediatamente el conocimiento de algún delito”. Estuvo de acuerdo con la necesidad de mejorar los procesos de control señalados por el diputado Pilowsky y exteriorizó que también se deben reforzar las capacidades del Ministerio de Defensa de ejercer control, así como la necesidad de reestructurar la Justicia Militar.

El decano Moreno, en tanto, concordó con ambos panelistas respecto del problema del secretismo que ya no se condice con los tiempos, ya que la sociedad demanda más transparencia. “Recordemos que en los países de la OCDE, los presupuestos de estas leyes son analizados por el Congreso en la mayoría de los países –no es el caso de Chile como lo señalaba el propio diputado”. Asimismo, explicó que “esta tesis de la asociación ilícita de un grupo que se concierta para hacer un desfalco a la Ley Reservada del Cobre está a la base de la explicación. Creo que esto nos permite entender qué es lo que está ocurriendo, por qué hay poca transparencia, por qué faltan controles”.

Agregó que “no hay aquí una corrupción generalizada, lo que tenemos son actos de corrupción. No es que esté desnaturalizado el sistema o que la corrupción esté instalada en las FFAA. Lo que tenemos son actos puntuales, grupos que se concertaron… pero esto fue posible por la falta de transparencia, la discrecionalidad […] es lo que está explicando buena parte del problema”.

Más allá de las implicancias políticas de los enclaves autoritarios heredados del gobierno de Pinochet, el decano recalcó que “la explicación sencilla que uno podría establecer de por qué se producen actos de corrupción –que ya hemos despejado que no es estructural ni institucionalizada al interior de la FFAA, sino que son actos puntuales, entendiendo entonces que es un acto de corrupción y no un estado de corrupción– es que la Corrupción se da cuando se tiene el Monopolio de una decisión, sumado a la Discrecionalidad –es decir yo decido qué se hace, a quién le compro, cuánto le compro– y si eso se da, como decía el subsecretario y el diputado, en un ambiente de poca Transparencia, tienes ahí un acto de Corrupción. Es decir, la Corrupción es igual al Monopolio más la Discrecionalidad menos la Transparencia (C=M+D-T), y eso es lo que uno está observando en los hechos puntuales que hemos visto hoy día en relación con el desfalco a la Ley Reservada del Cobre”.

Respecto del impacto político de lo que se está viendo hoy a propósito del MilicoGate, el decano insistió en la necesidad de “revisar esta doctrina implícita de estos últimos 25 años donde se ha establecido esta suerte de autonomía de las FFAA, en los que se dejó que los militares asumieran un rol profesional […] se esperaba que asumieran un rol más profesional y una garantía para eso era la autonomía… y se dejó que pudieran tomar decisiones sobre las compras, establecer los armamentos que ellos necesitaban y creo que los gobiernos civiles apostaron a eso”.

Estimó que “en paralelo, la ciudadanía fue valorando y fue cambiando positivamente la imagen de las FFAA después de los 17 años de dictadura, en el sentido de que estuvieran sometidas al poder civil y estén alineadas respecto de eso. Creo que esos dos elementos entraron en crisis en estos últimos años cuando se comienzan a conocer estos actos de corrupción”.

Llamó también la atención del importante rol que deben tener instituciones como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda en su control, sin dejar de lado que el “impacto está en el descrédito que puede caer y la confianza que la gente estaba teniendo en la FFAA, porque la gente ya comprende que la Ley Reservada del Cobre solo puede financiar las actividades de las FFAA y no otras –aunque la gente quisiera que hubiera otras– y entiende que el gobierno, el poder Ejecutivo, no tiene mucho control respecto de lo que pasa con el gasto […] yo diría que el costo en términos de imagen no lo debiera asumir tanto el gobierno, sino más bien el desprestigio que puede caer sobre las FFAA en donde un grupo pequeño afecta la imagen de muchos otros”.

Asimismo, manifestó que esto que ha ocurrido es un buen momento “para revisar lo que hoy tenemos y el diputado también lo establecía respecto de cómo enfrentar una ley que hoy día nos pone muchas restricciones e instala un manto de opacidad y que hace muy difícil establecer responsabilidades” por lo que es una oportunidad también para “trasparentar estos procesos y establecer los controles adecuados para efectivamente darle garantías a los ciudadanos de que esos recursos están siendo bien utilizados”.

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