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JULIO CONTRERAS SANDOVAL

Académico laboralista de la FCJS analizó al Estado como empleador en Actualidad Central

El docente debatió sobre la coyuntura asociada a la situación del empleo en el sector público junto al presidente de la ANEF, Raúl de La Puente, y al abogado de Libertad y Desarrollo, Sergio Morales.

Lunes 2 de noviembre de 2015

Actualidad Central, Julio Contreras, Estado como empleadorA poco más de un mes de la paralización de actividades en el Registro Civil y en medio del proceso de Reforma Laboral, actualmente en discusión, el último capítulo de Actualidad Central de CNN Chile analizó los diversos cuestionamientos al Estado como empleador y el margen de legalidad en el que se desenvuelven los conflictos sindicales en el sector público.

El episodio comenzó con una entrevista del conductor del espacio, Pablo Millas, al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de La Puente, quien se refirió a la legalidad de la paralización de actividades en el Registro Civil y a la realidad laboral de miles de empleados en el sector público, entre otros temas.

En su intervención, el dirigente gremial enfatizó que actualmente cerca del 60% de los funcionarios de este sector tienen un vínculo laboral a honorarios o a contrata, en circunstancias de que el Estatuto Administrativo define que el 80% de los trabajadores deben ser de planta. Respecto a la ilegalidad de los movimientos, en este ámbito, señaló que "la Constitución Política de Pinochet contempla, en su artículo 19, que los funcionarios públicos no pueden hacer paros. Sin embargo, Chile ha ratificado el Convenio 87 de Libertad Sindical la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene equivalencia de tratado internacional y fue aprobada como Ley de la Republica en el año 2000. También el Convenio 151, que es exclusivo para el sector público, contempla esto. Lo que ocurre es que los gobiernos de turno no han acomodado lo aprobado como legislación internacional respecto a una legislación nacional antigua y obsoleta".

El abogado y académico especialista en materias laborales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, Julio Contreras Sandoval, calificó negativamente la condición de empleador del Estado debido al nivel de precariedad que registra un gran porcentaje de funcionarios a honorarios y contrata. "Desde esta perspectiva, es imposible concebir una buena relación laboral entre el mundo de los trabajadores y la administracion en el sector publico", afirmó. Para el docente, el centro del problema es cultural más que legal y tiene que ver con la forma en que se desarrollan en la práctica las relaciones laborales y la necesidad de generar diálogo social. De esta forma, la discusión no pasa sólo por un asunto de remuneraciones, sino también de un trato digno hacia las demandas de los trabajadores.

Por otra parte, señaló que pese a la eventual ilegalidad de las huelgas y las amenazas de aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, "al final del día los trabajadores siguen aplicando la huelga y esto es por un cambio en la modalidad de las relaciones laborales". A esto agregó que "independiente de la Ley, la huelga es un hecho, el tema es que tenemos huelga porque los trabajadores están en la práctica luchando por sus derechos". En este punto, puso el ejemplo de Italia, donde los propios actores de una negociación colectiva establecen de común acuerdo las negociaciones,

Sergio Morales, abogado del Instituto Libertad y Desarrollo, en tanto, comentó que "desde el punto de vista administrativo, el sistema completo que nrige a los funcionarios publicos es un sistema que está obsoleto, que ha perdido su sentido, tanto para la situación de funcionarios de planta como para honorarios". En este sentido, planteó, en base a la experiencia comparada con países desarrollados, la necesidad de separar funciones políticas de aquellas de carácter técnico y que trascienden a los gobiernos. Por otra parte, si bien reconoció el derecho de los trabajadores a reivindicar sus prerrogativas, manifestó la importancia de tener a la vista las implicancias de la paralización de estos servicios que el Estado ofrece en una condición monopólica.